Argentina sale a buscar socios e inversores con miras a profundizar nueva política exterior

Fuente Marco Trade News

El presidente de argentina, Mauricio Macri, inicia en Davos (Suiza), su segunda participación en la escena internacional, para luego dirigirse a Quito (Ecuador), donde espera cumplir una nutrida agenda en busca de socios comerciales e inversores interesados en favorecer la nueva política del país sudamericano.

En el marco del Foro Económico Mundial, que se realiza los días 20 al 22 de enero, el mandatario argentino tiene previsto entrevistarse con el primer ministro británico, David Cameron, en la primera reunión de un jefe de estado argentino con la más alta autoridad política de Gran Bretaña desde la guerra de Malvinas.

Además, Macri tiene pautados encuentros con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y los primeros ministros de Francia, Manuel Valls, y de Israel, Benjamín Netanyahu.

La delegación argentina que acompaña al presidente está integrada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; la canciller, Susana Malcorra; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; y el diputado del Frente Renovador y ex candidato a la presidencia, Sergio Massa.

Para la canciller argentina, Susana Malcorra, Davos conforma “la plataforma donde poder presentar a la nueva administración y a los proyectos que tiene, de manera muy productiva, al encontrarse con muchos interlocutores en el área política, en el área privada y en la financiera”.

En ese sentido, la funcionaria destacó que se buscarán “oportunidades de negocios, comercio, de inversión”, amén de transmitir al mundo la nueva política de apertura exterior de Argentina, la cual prioriza el trabajo integral e integrado al resto de los países.

Por otra parte, fuentes oficiales indicaron a BAE Negocios que el gobierno argentino buscará "avanzar en negociaciones interbloque", sin descartar "acuerdos bilaterales o de la Argentina con bloques, como la Alianza del Pacífico".

Sin traducciones

Se prevé que el 27 de enero, el presidente argentino asista a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), que se realizará en la capital ecuatoriana.

“El presidente Macri ha confirmado su presencia y es posible que haya algún tipo de encuentro bilateral con el presidente Correa”, adelantó la embajadora de Ecuador en Buenos Aires, Gloria Vidal.

Según Vidal, la relación entre ambos países “puede fortalecerse debido a que hay un cambio en la dinámica comercial que puede permitir complementarse en algunas áreas”.

La embajadora ecuatoriana destacó las declaraciones de Macri que abogan por una mayor integración de los países del continente, más allá de las ideologías, para fortalecer a la región en su relación con otros bloques extrarregionales.

La Aduana y la necesaria voluntad política para iniciar la transformación

Fuente La Nación

El organismo de control del comercio exterior enfrenta un desafío mayúsculo de profesionalización y de contar con mayores recursos humanos y de infraestructura, pero sobre todo debe recuperar la jerarquía perdida y modernizar sus criterios

El ex presidente Carlos Menem, cuya administración aún es criticada duramente por casi todo el espacio político, decidió durante la década de los 90 que la Aduana debía dejar de funcionar como una entidad autárquica de alto nivel jerárquico (ley 22.091) para transformarse en un organismo con una escasa -en muchos casos casi nula- autonomía funcional.

Decidió Menem entonces que la máxima autoridad aduanera -quien llegó a tener en otras épocas el cargo de secretario de Estado, e incluso participó en reuniones de gabinete, asesorando Presidentes- perdiera su jerarquía al punto de tener que peregrinar para la aprobación o desaprobación de cuestiones como las partidas necesarias para pasajes, viáticos y demás gastos destinados a investigaciones o infraestructura. O incluso para que terceros consideren la posibilidad, o no, de nombrar funcionarios que deberían actuar a su cargo.

La denigración jerárquica del servicio aduanero fue abrupta e incoherente y, por lo visto y oído en estos últimos años, una de las pocas obras que no se le llegó siquiera a cuestionar del ex presidente Menem.

Y Menem lo hizo.

Poco después de tomar la decisión firmó el decreto 618/97, que dispuso que la Aduana perdiera su autarquía y con ella su centenaria jerarquía. Quizás pecando de ingenuos y teniendo en cuenta que por aquel entonces una comisión especial del Poder Legislativo investigaba hechos ilícitos producidos en la ex Administración Nacional de Aduanas, muchos llegaron a pensar que con este decreto se interpretaba (erróneamente) que la corrupción aduanera era cuestión de organización administrativa y no de la connivencia entre funcionarios y particulares faltos de ética y escrúpulos.

Se llegó a creer también que como podían haber unificado el control tributario dejando la autonomía funcional a organismos de tan vieja data, pronto se darían cuenta del error y lo rectificarían. Pero Menem no lo hizo. Tampoco los presidentes que lo sucedieron.

Con la decisión del mandatario riojano los privados comenzaron a tener una enorme injerencia en el control aduanero.

Dos meses antes de eliminarle la autarquía a la Aduana, en mayo de 1997, el ex presidente había puesto en marcha el "Programa de inspección de preembarque de importaciones", por el cual se le daría cabida a determinadas empresas para que, mediando honorarios millonarios, comenzaran a ocupar los espacios que le quitarían al servicio aduanero.

Sin más, al mismo tiempo que se le eliminaba la autarquía y jerarquía a la Aduana, se permitía que particulares actuaran en el control documental y físico de las mercaderías importadas. El programa resultó un total y absoluto fiasco y fue cancelado años después. Pero las cuestiones residuales concluyeron recién en 2010 y aún hoy están pendientes las consideraciones ordenadas por el ex ministro de Economía Amado Boudou para determinar el impacto económico, financiero y social derivado del control aduanero ejercido por los empresarios (según consta en la resolución 923/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

La Aduana autárquica cayó también de la mano del cese de su "Régimen de quejas y sugerencias".

Lamentablemente, en 2005 se decidió también eliminar de la estructura organizativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) el Departamento Asuntos Internos, ámbito que les permitía a los administrados presentarse espontáneamente a denunciar actos de corrupción en el servicio aduanero.

Allí, los hechos eran vertidos en actas que respetaban el procedimiento administrativo y todas terminaban con un texto, hoy en desuso: "Preguntado si desea agregar algo más queda a disposición para aclarar y/o ampliar lo que se considere necesario". Hablamos ya de viejos tiempos, cuando denunciar la corrupción resultaba ágil, simple y se concentraba en un sólo lugar. La actual atomización de los asuntos internos de la Aduana hace prácticamente imposible denunciarla en sede administrativa.

Urgencias para el cambio

Lo anterior son apenas unas muestras de cómo se destrató la autarquía aduanera, cómo se permitió la participación del sector privado en sus competencias y cómo se privó de un canal necesario para la denuncia espontánea.

Ahora bien, son numerosas las medidas que se esperan del presidente Mauricio Macri respecto de la Aduana. Entre las principales podemos mencionar la necesidad de devolverle una autonomía funcional; dotarla de infraestructura, medios y procedimientos que permitan el ágil y transparente libramiento de las mercaderías; modificar drásticamente la inteligencia que selecciona y beneficia con controles laxos a los operadores que presume confiables, e impedir que sujetos sin amparo del Código Aduanero puedan despachar, importar o exportar, entre muchas otras y que aquí, por una cuestión de espacio, sólo resaltamos algunas con relación a las cuales los cambios son más urgentes.

Desde hace mucho tiempo subsiste un débil control en las zonas primarias aduaneras. La ley 22.415 puso sobre la cabeza de la Aduana funciones de control que pasaron luego a otros organismos, incluso quedaron en mano de permisionarios que, a su vez, delegaron en empresas de vigilancia privada.

Los "puntos ciegos" en los predios fiscales utilizados por el narcotráfico, descubiertos en 2014 por el anterior Administrador Federal, Ricardo Echegaray, son una prueba palmaria de este fenómeno. Y el colmo de esta debilidad se manifiesta en determinadas áreas donde los funcionarios aduaneros deben identificarse ante terceros para ingresar a trabajar, ya que la Aduana dejó de lado el control del ingreso de personas, medios de transporte y mercancías.

Resulta inconcebible a la luz del Código Aduanero que la disposición de la mercadería para el control aduanero sea programada por los permisionarios. Todavía hoy, a pesar de lo dispuesto por la resolución general de la AFIP 3778/15 (que establece que los turnos de verificación serán extendidos por el área de Sistemas de la AFIP en acuerdo con la Aduana), los privados continúan tomando decisiones que le corresponden al servicio aduanero.Seguir leyendo

Macri derogó la disposición 1108/13 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

El presidente Mauricio Macri derogó una medida impulsada por su antecesora Cristina Fernández de Kirchner que impedía a las exportaciones argentinas hacer transbordo de cargas en puertos de Uruguay.

Macri le comunicó a su par uruguayo, Tabaré Vázquez -durante un almuerzo compartido el jueves último, en Colonia, Uruguay- la decisión de dar marcha atrás con la polémica disposición 1108/13 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables argentina, que obligaba a las cargas originadas en puertos del río Paraná o del sur del país a ser transbordadas a buques oceánicos sólo en el puerto de Buenos Aires o en puertos de Brasil, pero no en Montevideo.

La disposición pretendió en su momento impulsar el desarrollo de la marina mercante argentina, pero apuntó en realidad a perjudicar a Uruguay luego de que el ex presidente José Mujica decidiera permitir la ampliación de la producción de las plantas de celulosa, decisión que provocó mucho malestar en el gobierno de Cristina Kirchner. La disposición en cuestión, que descansaba en un escritorio de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, fue propuesta como medida de retaliación e impulsada.

El problema que surgió es que la logística que utilizaban las navieras establecía una recalada en Montevideo (para dejar cargas de importación para Uruguay) y varias escalas posteriores río arriba o aguas abajo para levantar cargas de exportación argentina (desde arroz entrerriano hasta cerveza o los muebles de Santa Fe, pasando por merluza marplatense o incluso langostinos y calamar patagónicos), volver a detenerse en Montevideo para cargar exportación uruguaya y seguir viaje hasta los destinos finales (Estados Unidos o Europa).

Cuando la Argentina dispuso bloquear la escala en Uruguay de las cargas argentinas, las navieras suspendieron servicios: los puertos del interior quedaron así sin transporte fluvial y marítimo. Otra opción, más cara, era la ruta vía puertos del sur brasileño.

La opción de recalar en Buenos Aires tenía un problema: por la ley de cabotaje, todo barco que vincule dos puertos argentinos debe necesariamente ser de bandera argentina.

Repercusiones

La provincia de Santa Fe se encontró entre las más perjudicadas por la disposición. Carlos Raffaelli, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, destacó: "Es una muy buena noticia; lo veníamos pidiendo". Desde la Cámara Santafecina de la Industria Naval (Casin), celebraron la rápida decisión tomada por el gobierno de Macri para dar marcha atrás "con una medida absurda".

El presidente la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique Mantilla, había reclamado "fortalecer las relaciones con el Uruguay" y señaló que un "primer paso positivo para avanzar es la derogación de la disposición 1108/13 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (porque) viola las normas del Mercosur, al prohibir el transbordo de las cargas de exportación argentinas por puertos uruguayos", dijo.

"La medida elevó los costos logísticos a los exportadores y afectó también las inversiones logísticas para el Mercosur en Uruguay", agregó. Por su parte, el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, destacó en diálogo con LA NACION la "espectacular cordialidad" de la reunión: "Se trataron otros temas, como que la Argentina compre el gas que podría regasificar Uruguay en Punta de Sayago, y usar al revés el gasoducto que está bajo el Río de la Plata".

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